“Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa”, ratifica la sentencia en su fundamento jurídico segundo, “es claro que el recurso no puede prosperar pues la recurrente como si se tratara de una apelación o segunda instancia entremezcla en el mismo cuestiones fácticas con jurídicas, no indicando, por un lado, la redacción alternativa del hecho probado que cita, tal y como se exige por el artículo 196.3 de la LRJS y, por otro, soslaya que es al juzgador de instancia a quien corresponde la valoración de la prueba en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS), la cual debe ser respetada y mantenida siempre que se haya ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, ya que lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. La satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva y la fundamentación de las resoluciones judiciales no dependen de que la valoración probatoria se realice según los deseos y pretensiones de cada una de las partes, sino de que la misma se ajuste a criterios de objetividad e imparcialidad, no resulte arbitraria y se justifique adecuadamente. La sentencia recurrida, en este caso, cumple plenamente, según lo expuesto, estas condiciones. Todo lo anterior conlleva a la desestimación del recurso al no ser dable por unos principios elementales de igualdad y de equilibrio procesal de las partes que la Sala construya de oficio el recurso».

Respecto a la costas, el TSJCyL aprecia que la desestimación del recurso conlleva a la imposición de costas a la recurrente, conforme al artículo 235 de la LRJS, pues aunque la recurrente esté exenta de efectuar depósitos y consignaciones para recurrir, según lo establecido en el artículo 229.4 de la LRJS, no goza del beneficio de justicia gratuita a los efectos de las costas. Así se pronunció al respecto el Pleno del Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2018, rud 56/2017 que en su fundamento jurídico Cuarto establece: «Procede, por ende, rectificar la doctrina de la Sala y entender que no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al SNS les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria que les impone la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en la materia, costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas«.

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